Más de 20 años de lucha por erradicar la violencia contra las mujeres en Latinoamérica y el Caribe se han traducido en diferentes soluciones para las víctimas y sus hijos e hijas. Los Estados han adoptado medidas y hay iniciativas privadas, pero las cifras siguen en aumento.
Las estadísticas muestran que la situación de las mujeres poco ha variado desde 1981, cuando organizaciones feministas eligieron el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, recordando el asesinato, en 1960, de las hermanas Mirabal, activistas de República Dominicana, ordenado por el presidente Rafael Trujillo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, en América Latina y el Caribe, entre 30 y 60 por ciento de la población femenina ha sido agredida física o sexualmente por sus parejas en algún momento de su vida, a pesar de los fondos que la cooperación internacional ha destinado para impulsar diferentes iniciativas, gubernamentales y privadas.
Sin embargo, sí se ha avanzado en visibilizar los incontables y variados actos de violencia que sufren las mujeres y niñas en todo el mundo y también en que miles de mujeres hayan decidido denunciar a sus agresores.
Los problemas
Janeth Alfaro, impulsora de la creación de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) en Bolivia y experta en temas de violencia contra las mujeres, desde la vivencia propia y ajena, anota varios aspectos que, en unos países más que en otros, llevan a que las soluciones sean sólo parches.
Las ONGs, lejos de dar soluciones, les están restando responsabilidad a los Estados, por un lado, y por otro les disputan fondos de la cooperación. “No es que no haya dinero, sino que está disperso y mal empleado”. Con excepciones en todos los países, muchas de estas organizaciones han hecho de la violencia su fuente de ingresos y destinan recursos a estudios y campañas, cuando las mujeres tienen necesidades apremiantes, sostiene.
La aplicación de las normas se enfrenta con los vacíos legales, el desconocimiento o con la insensibilidad. Para Alfaro, un título no garantiza una atención cálida, imprescindible cuando la soledad y la impotencia se apoderan de las mujeres que han decidido hacerle frente a la violencia. Además, y ella es testigo, muchas juezas y mujeres policías que deben hacer cumplir las leyes también son víctimas silenciosas.
La solución de fondo es cambiar el sistema patriarcal, dice Alfaro, consciente de que falta mucho para lograrlo. Coincide con ella Paula Gutiérrez, responsable del servicio legal Mujeres en Busca de Justicia, del movimiento feminista boliviano Mujeres Creando. Ambas sostienen que sólo la movilización de las mujeres que han dejado de ser víctimas puede hacerle frente a la más atroz forma de discriminación.
Inventario de soluciones
En todo caso, gobiernos y ONGs han puesto en marcha varias iniciativas. En México, el Estado ejecuta un programa de reinserción, mediante el cual proporciona un seguro que incluye vivienda, empleo, ayuda económica, salud, apoyo psicológico, transporte, recreación, cultura, deporte, orientación y representación legal, servicios de guardería y educación. El requisito es que las víctimas hayan tomado su vida en sus manos.
También creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, cuyo desempeño fue caro y deficiente: más de cuatro millones de dólares y 109 casos en 2006. Ese año la línea telefónica nacional “Vida sin violencia” recibió 34.356 llamadas, 67,3 por ciento más que el año anterior.
La gubernamental Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar de Guatemala maneja los centros de atención y ocho albergues, y otros dos dependen de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. En lo que va de 2008 han atendido a 9.000 mujeres y dieron refugio a 960. Está pendiente la creación de juzgados que atiendan durante las 24 horas del día.
La Policía Nacional Civil y la Defensa Pública Penal tienen líneas gratuitas. Esta última ejecuta un proyecto de asistencia legal sin costo alguno. Pero hay otros espacios de auxilio promovidos por ONGs y desde enero de 2008 funciona la Clínica Móvil de la Misión de Médicos sin Fronteras Suiza, que atiende a víctimas de violencia sexual.
República Dominicana cuenta con la Secretaría de Estado de la Mujer, aunque su presupuesto es mínimo. La falta de recursos impide la creación de las casas de acogida establecidas por ley y la única que hay es poco conocida y con muchas limitaciones. De la Procuraduría depende la Unidad de Atención a la Violencia y otra unidad especial para tratar a los agresores.
Pero también están los grupos de abogados y abogadas voluntarias que ofrecen sus servicios e instituciones femeninas como el Núcleo de Apoyo a la Mujer y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. Entre las ONG que se destacan están Aquelarre, que trabaja con adultas mayores, Colectiva Mujer y Salud, y Profamilia.
En Cuba existen varias instituciones que atienden a las mujeres agredidas, pero también analizan la temática y generan espacios de reflexión. Entre ellas se encuentran las 175 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, de la Federación de Mujeres Cubanas, y el Grupo de Trabajo Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Familiar.
En Sudamérica
El gobierno colombiano está ejecutando un proyecto piloto con indígenas y afrocolombianas con el propósito de transformar las prácticas que vulneran los derechos femeninos, como la ablación del clítoris a las niñas. Además, promueve la capacitación y la independencia económica como caminos para vivir libres de violencia.
En tanto, existen en Uruguay las Comisarías de la Mujer en todo el país y las Comuna Mujer en la capital. Hay cuatro juzgados especializados y, desde abril de 2008, el cuerpo policial cuenta con una Guía de Procedimiento Policial para estos casos. El problema que enfrentan es la limitación presupuestaria.
En Chile, la violencia intrafamiliar es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y el gobierno pretende erradicarla prestando diferentes servicios a las víctimas en 58 Centros de la Mujer, distribuidos en todo el país, y 25 Casas de Acogida que otorgan protección temporal.
Buenos Aires cuenta con la primera Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una experiencia piloto de atención permanente a las mujeres agredidas. Además, brinda herramientas a las y los magistrados para que su trabajo sea más ágil y eficiente. Empero, algunas integrantes del movimiento de mujeres creen que esto no resolverá el problema de acceso a la justicia.
Desde la década del noventa, Perú cuenta con un Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y Centros de Emergencia Mujer, que ahora son insuficientes. En 2008, las organizaciones lograron la restitución del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, pero su presupuesto es limitado. Pese a ello, el gobierno también creó un centro de rehabilitación para agresores.
Bolivia cuenta con un Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales que está redefiniendo su razón de ser. Por mandato legal se crearon las Brigadas de Protección a la Familia, pero son burocráticas. Varias ONG compiten para atender casos y desde hace un año funciona Mujeres en Busca de Justicia, cuya premisa es la acción directa y el acompañamiento individual.
Los espacios para enfrentar la violencia, apoyar a las víctimas y salir del maltrato se van abriendo camino, sin duda, pero siguen siendo insuficientes.
Helen Álvarez Virreira