Violencia institucional hacia las mujeres

Uno de las experiencias más cercanas que ha llevado esta letrada, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, es el de Rosario, de 42 años, casada con un mesero adicto a las drogas y detenido en varias ocasiones por delitos contra la salud, asalto a mano armada y portación ilegal de armas.

La mujer ha levantado denuncias por golpes, amenazas, violaciones y otros hechos violentos por parte del marido, en los 20 años que llevan casados. Estas acusaciones han sido ratificadas por los dos hijos mayores de la pareja, de 19 y 13 años, y por la madre de Rosario.

Existen, asimismo, partes médicos de que ella se ha presentado con heridas, golpes y secuelas de violación. Esto último ni siquiera se tomó en cuenta, porque Rosario lleva una vida sexual activa desde hace varios años. Por lo tanto, al decir de los galenos que la revisaron, no existían huellas de violación.

A raíz de las primeras denuncias que Rosario presentó en el municipio de Tlaquepaque, que forma parte de la zona conurbana de Guadalajara, la llamaron a declarar porque el marido había golpeado a los policías que acudieron a auxiliarla. Es decir, le pidieron ser testigo de los golpes que el señor propinó a los agentes del orden, pero de los que ella recibió, nada. No procede, fue la explicación que recibió.

Ante la falta de atención de las autoridades locales, acudió a los representantes estatales. Elizabeth Gutiérrez Fausto, coordinadora de la Dirección de Víctimas de Violencia, le pidió tener confianza en la solución de su caso.

Curiosamente, al dictarse orden de aprehensión, el marido se presentó amparado, que es una figura jurídica que impide la detención, aunque sí se consigna el caso a un juez y se siguen las investigaciones pertinentes.

El hombre llevó a declarar a sus hermanas, quienes aseguraron que, en la fecha que Rosario dijo haber sido golpeada por este sujeto, él se encontraba trabajando pintando casas, cuando en realidad su trabajo es de ayudante de cocinero y mesero, en lo que dura poco por su carácter violento. En el expediente, al cual SEMlac tuvo acceso, se anexa la valoración psicológica realizada en la unidad de atención a víctimas de violencia firmada por la psicóloga Ana Rosa Olvera, quien reconoce que Rosario presenta daño moral y físico producto de la convivencia disfuncional con Salvador Leyva, su esposo.

Rosario cuenta que él ha llegado a rociarla de gasolina y acercarle un cerillo, amenazándola con prenderle fuego si ella no le obedece.

En una conversación telefónica que grabó Rosario, se escucha al sujeto decirle que ella vivirá hasta que él lo decida, y la obliga a que le entregue parte de su salario. Esta grabación la escuchó Elizabeth y la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Carmen Lucía Pérez, quien se limitó a enviarle una carta al procurador para solicitarle celeridad a la demanda.

Pero las autoridades no han mostrado su empatía hacía esta mujer, señala la médica Adela Jiménez, quien la ha acompañado en sus trámites con las autoridades y se duele del trato tan déspota que le prodigan.

Rosario, que ya ha intentado suicidarse en dos ocasiones, se pregunta si será necesario que el marido la mate para que las autoridades intervengan.

En opinión de la abogada de CLADEM, Rosario es sólo una de las tantas mujeres que se ha atrevido a dar la cara, pero no ha obtenido el apoyo esperado de las autoridades.

Recuerda el caso de María Gracia, una funcionaria universitaria golpeada por otro profesor en su propia casa, cuando se negó a tener relaciones con él. Las autoridades le cuestionaron a la señora que el hombre estuviera en su casa, pese a tratarse de una reunión con varios compañeros de trabajo, en la cual incluso estuvo presente su hijo.

Cuando los invitados se fueron retirando, el sujeto se negaba a irse y, al quedarse a solas con ella, la conminó a tener relaciones sexuales. Tras la negativa de María, la golpeó. Sus gritos despertaron al hijo, quien llamó a la policía, pero a su queja, ratificada con el parte médico de las lesiones que sufrió, el argumento del juez fue: “¿por qué lo dejó entrar a su casa?, ¿para qué se quedó a solas con él?”.

Laura es otra mujer que padeció, durante cuatro años, violencia de parte de su pareja. Ella lo denunció varias veces, pero las autoridades no le hicieron caso, hasta que él la mató.

Otro tanto le ocurrió a otra mujer, también nombrada María, quien sufría violencia de parte de su amante. Ella se refugió en casa de una de sus hijas, pero el hombre la descubrió, asesinó a la hija mayor, a dos pequeños y a la madre de María, para luego suicidarse. Las autoridades, pese a las denuncias interpuestas, nunca le brindaron protección.

Adela se pregunta: ¿de qué sirve que exista en Jalisco, desde hace un año, una Ley por Una Vida Libre de Violencia, si en la práctica los señores pueden seguir golpeando, amenazando y violando a sus parejas y no pasa nada?

Señala que ella también se siente amenazada por el marido de Rosario. Desde que empezó a acompañarla, se siente en riesgo, ella o sus hijos, porque este hombre, bajo los influjos del alcohol o las drogas, puede hacerles daño.

La abogada dice que, en muchas ocasiones, se siente frustrada porque, a pesar de hacer todo lo que marca la ley, presentar pruebas y hablar con las autoridades, los casos siguen ahí, estancados. Reconoce haber creído en las funcionarias públicas que le han ofrecido ayuda.

Menciona un caso concreto: en una rueda prensa en la que se presenta a Rosario, la licenciada Elizabeth se compromete públicamente a sacar adelante el caso y, en la práctica, les dan prioridad a las pruebas presentadas por el marido, porque su cuñado es abogado.

En este, como en muchos casos, concluye Ángela, la víctima termina siendo la mala.